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Desde su adopción en septiembre de 2015 la Agenda 2030 se convirtió en el marco de referencia para el desarrollo sostenible. La Agenda consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que abarcan las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ecológica. La formulación de la Agenda 2030 es un nuevo reto para la investigación académica. La pregunta que se plantea aquí es hasta qué punto esta Agenda implica un cambio de paradigma en la teoría del desarrollo. Para ello, la ciencia social y sobre todo la ciencia económica en Honduras no pueden quedarse en los tradicionales esquemas abstractos. La Agenda 2030 tiene que ser vista como una oportunidad para que la Universidad deje de ser una torre de marfil protegida y encapsulada afuera de la realidad y se convierta en un ente propulsor de alternativas para la transformación.
Desde su adopción en septiembre de 2015, la Agenda 2030 se convirtió en el marco de referencia para el desarrollo sostenible a nivel global. La Agenda 2030 consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que abarcan las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y ecológica. No cabe duda que se trata de un consenso de alcance planetario, es decir de un proceso en el cual participaron todos los países de la tierra. Es además una respuesta a los retos que plantean las crisis múltiples que con el cambio climático conforman lo que podríamos denominar una crisis orgánica. Tiene un carácter universal, es decir se trata de una Agenda para todos los países, sean estos ricos o empobrecidos. Funciona, sin embargo, bajo el principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada y no es vinculante. Su lema es “No dejar a nadie atrás”. Dicho lema implica de ya un compromiso contra la desigualdad y la discriminación. Es la exigencia de incluir a todos, especialmente a aquellos que han sido excluidos de los beneficios del desarrollo lo que la convierte en un marco referencial para la transformación. Se trata, si se quiere de la antítesis de la doctrina neoliberal.
No cabe duda que se trata de una plataforma política. Sin embargo no ha sido solo el producto de una votación en los grandes salones de las Naciones Unidas en Nueva York. La agenda es el resultado de un largo proceso en el que confluyen dos dinámicas, de hecho ya presentes en la Conferencia del Desarrollo Sostenible en Rio de Janeiro en 1992, “La Conferencia de Rio”. Hablamos aquí de la dimensión ecológica y de la dimensión social. Con la Declaración del Milenio del año 2000 y los correspondientes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) adoptados en 2002 se asumió una agenda social: La reducción de la pobreza en sus cinco dimensiones: económica, social, política y cultural. Era una Agenda para los países pobres. El proceso de Rio con su Agenda 21 era un proceso contra el cambio climático, por la protección del equilibrio ecológico de la tierra. Los ODS son la síntesis de ambos procesos (Morazán, 2014).
Es evidente pues que la Agenda 2030 tiene una relevancia política. Sin embargo es importante plantear la pregunta en torno a su relevancia académica. ¿Puede la Agenda 2030 ser un referente para la teoría del desarrollo? ¿Cuáles son los retos de la Agenda 2030 y los ODS para la investigación socio-económica? ¿Hasta qué punto es posible utilizar los ODS como referencia a la hora de elaborar proyectos de investigación en las ciencias humanas o naturales? ¿Cuál es el potencial existente para organizar investigación empírica sólida en base a los indicadores formulados en los ODS? ¿Pueden ser los ODS motivo de investigación y cuestionamiento cuantitativo, objeto de análisis de las ciencias estadísticas? Dichas preguntas requieren la atención necesaria en el marco de un programa académico más amplio y no pueden ser abordadas en su totalidad en el presente artículo
La teoría del desarrollo ha sufrido cambios substanciales provenientes del cambio del contexto internacional (ver Morazán 2014) y el proceso de diferenciación que ha tenido lugar en el grupo de los países en desarrollo con el repunte de China, India y Brasil como gigantes de la economía global. Con un BIP de 18 trillones de Dólares los Estados Unidos siguen siendo la mayor potencia económica del mundo. Esto significa un cuarto de la economía global (24,3%). Sin embargo cambios notables están ocurriendo en el mundo. El segundo puesto lo ocupa ahora China con 11 trillones de Dólares y un 14% de la economía mundial. El dominio de la economía americana, no será pues de largo alcance si se toman en cuenta las tasas de crecimiento de China. La economía China creció en 6,7% en 2016 en comparación con un 1,6% de los EEUU y ha mantenido tasas elevadas de crecimiento en los últimos veinte años. China aboga por el multilateralismo en la agenda de comercio internacional y tiene una agenda propia en cooperación internacional con los países en desarrollo que no coincide con la agenda de la Unión Europea y que compite incluso con la agenda norteamericana o la agenda de potencias regionales como Brasil o Mexico.
Los pronósticos de los expertos indican que la economía China sobrepasará a la americana a finales de los años 20. El poder económico combinado de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) por su parte trascenderá el de las más grandes naciones como Japón o Alemania. Tales pronósticos pueden variar, especialmente si se toma en cuenta que existen otras economías emergentes con altas tasas de crecimiento como Indonesia, con potencial para convertirse en fuertes actores de la economía mundial en 2050, México, Turquía, pero también Irán, Arabia Saudí o Nigeria (Steinbock 2017).
Las interconexiones entre la demanda, la inversión, el comercio y la productividad han crecido enormemente en los últimos años y el modelo de acumulación en los países desarrollados parece entrar en una fase de perpetuación del bajo crecimiento económico (UN 2017). Después de la crisis ni las políticas monetarias ni el sector financiero lograron hacer crecer la inversión privada al aplicar medidas de expansión cuantitativa. En lugar de invertir, las corporaciones financieras utilizaron el dinero prestado para volver a comprar sus propias acciones o para adquirir otros activos financieros. Todo condujo a la reducción de tasas de interés con efectos negativos para los países en desarrollo y emergentes: El total de entradas de capital a los países en desarrollo aumentó desde alrededor de 20.000 millones en 2008 a más de 600.000 millones en 2010. Se produjo un gigantesco flujo de capital que no se dirigió a la inversión fija sino a la especulación financiera. (Stigliz, 2017).
El efecto de todo esto es una mayor concentración global del ingreso y la riqueza: Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Y esto se debe a que el crecimiento económico ya no es un bien común sino el privilegio de los que más tienen. La gran mayoría de los habitantes del planeta y especialmente los más pobres no se benefician del crecimiento económico (Oxfam 2017). Si sigue esta tendencia, el incremento de la desigualdad económica amenaza con fracturar nuestras sociedades: incrementar la delincuencia y la inseguridad, socavar la lucha contra la pobreza y hacer que cada vez más personas vivan con más miedo y menos esperanza.
En 17 de las 20 mayores economías avanzadas, el crecimiento de la inversión se mantuvo más bajo durante el periodo posterior a 2008 respecto al nivel alcanzado durante los años anteriores a la crisis. Paralelo a esto, cinco economías experimentaron una disminución de la inversión durante el periodo 2010-2015. Es importante tomar en cuenta que el apoyo del sector público a la promoción de los bienes públicos globales como el cambio climático y estabilidad financiera puede tener influencia en la inversión y el comercio en el corto y mediano plazo, sin embargo no se observan tendencias significativas al respecto. Esto a la vez afecta la dinámica del crecimiento en las economías de los países de bajos ingresos. Las bajas tasas de crecimiento de los países menos desarrollados podrían ser un síntoma de tal situación agravada por la escasa demanda de materias primas surgida después de la crisis financiera de 2008 y el lento proceso de recuperación.
Los costos ecológicos de este dominio económico son evidentes. Como lo demuestran las estadísticas de ClimateWacht, China, EEUU y la UE contribuyen con más de la mitad de las emisiones de CO2 a nivel global, mientras que los 100 países de la escala inferior contribuyen apenas con un 3,5%. Casi ¾ de las emisiones vienen de los 10 mayores emitentes que son casi idénticos a la lista de las mayores potencias económicas.
Para los países menos desarrollados existen retos múltiples: la formulación de políticas adecuadas de protección social, las medidas de adaptación al cambio climático pero también los esfuerzos para promover una estrategia de industrialización y de diversificación del aparato productivo. Según cálculos de las UN sería necesario acumular recursos para financiar las inversiones necesarias una tasa promedio anual de al menos 11% de expansión de las inversiones hasta 2030, lo que implica una aceleración significativa respecto a las tendencias vigentes hasta la fecha. La inversión extranjera directa evita a estos países y de llegar, se concentra en las industrias extractivas con escasos impactos ocupacionales y negativos impactos medioambientales.
Aparte de los impactos sociales, el modelo de crecimiento económico que ha tenido la humanidad hasta ahora parece haber llegado ya a sus límites ecológicos. El debate al respecto fue iniciado después de la publicación del Informe al Club de Roma bajo el título “Limites del crecimiento” (Club de Roma, 1970). Dichos pronósticos resultaron verificables y más de 30 años más tarde el Informe sobre la Economía del Cambio Climático (”Informe Stern”) mostraba que de no actuar de inmediato para frenar el cambio climático, se podría llegar a perder hasta el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial anual de forma indefinida (Stern, 2006). El coste de evitar esta pérdida se sitúa en torno al 1% del PIB generado cada año.
Ese modelo de crecimiento económico descarga en la atmósfera emisiones de gases de efecto invernadero sin costo. Estos gases, sin embargo ocasionan cambios en el clima con costos económicos, sociales y ambientales muy considerables. El cambio climático, originado fundamentalmente por las emisiones de origen antropogénico, produce modificaciones en el clima, tales como un aumento de la temperatura media global, cambios de los patrones de precipitación pluvial, el alza del nivel del mar, la reducción de la criósfera y los cambios en los patrones de los fenómenos climáticos extremos (IPCC, 2013). Existe evidencia de un aumento de la temperatura media global de 0,85 °C durante el período 1880-2012 y las proyecciones climáticas medias para este siglo sugieren un aumento de temperatura de entre 1 y 3,7 °C, con un incremento de entre 1 y 2 °C para mediados de siglo y escenarios extremos de hasta 4,8 °C de incremento para finales de siglo (IPCC 2013; CEPAL 2015).
En América Latina el auge de las exportaciones provenientes del sector extractivo ha contribuido a un deterioro acelerado del medio ambiente en los últimos años. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) resume la situación de esta manera: “El estilo de desarrollo de la región muestra una inercia que erosiona sus propias bases de sostenibilidad, donde el cambio climático representa una externalidad negativa global que intensifica esos problemas y paradojas. La estructura productiva, la infraestructura específica, el paradigma tecnológico dominante con escasa innovación, la economía política de los incentivos económicos y los subsidios y una matriz de consumo de bienes privados y públicos configuran actualmente una senda de baja sostenibilidad ambiental” (Stern 2006; CEPAL 2015)
Honduras ocupa el tercer lugar en la lista de países más afectados por eventos meteorológicos, según el Global Climate Risk Index 2017 (Germanwatch 2017). Los desastres meteorológicos que tienen lugar en Honduras son documentados también por otros connotados informes internacionales. Reducciones de la precipitación pluvia de entre 10 y 20% tendrán fuertes impactos en las reservas de agua en el país. Los efectos serán más dramáticos en las regiones con altas tasas de crecimiento poblacional y aumento de la urbanización. Ciudades como Santa Rosa de Copan, La Esperanza, Gracias, Ocotepeque o Marcala ya están siendo afectadas por el cambio climático.
Todos los esfuerzos realizados por las autoridades gubernamentales y la cooperación internacional para el combate a la pobreza y la mejoría de las condiciones de vida de los grupos poblacionales de ingresos bajos han sido devastados por los efectos que ha tenido el cambio climático especialmente en la agricultura. Una fuerte reducción de la producción y cosecha de granos básicos como frijoles y maíz pero también de productos de exportación como el café, que ha sido fuertemente afectado por la roya. La persistencia de fenómenos naturales como El Nino y el surgimiento de La Nina son ahora desafíos enormes que no estaban en la mira ni de las autoridades gubernamentales, ni del sector privado en los años recién pasados.
Un cambio de rumbo es necesario: Adaptación y resistencia a los efectos del cambio climático son ahora elementos esenciales de toda estrategia de desarrollo que se precie de ser seria.
Regiones con escaso potencial de absorción hídrica como Venado-Lempa, San Juan-Lempa, Palagua-Goascoran, y el Higuito ya están afrontando serios problemas según la US-AID. Venado-Lempa, San Juan-Lempa, and Palagua-Goascoran have the lowest water production potential of the selected sub-watersheds. Las 21 áreas protegidas del occidente de Honduras cubren más del 13% de la vegetación natural de la región. Esto juega un papel crucial en la formación de resistencia al cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad contra inundaciones o sequías. Los pronósticos de cambio climático de la región afectaran fuertemente los ecosistemas incluyendo las áreas protegidas.
Se han hecho estimaciones de los posibles efectos de cambio climático en los principales cultivos. El análisis fenológico demostró que todos los cultivos son vulnerables a los cambios climáticos proyectados provenientes del aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones.
La Agenda 2030 ofrece una variedad de oportunidades para replantear una teoría del desarrollo y la sostenibilidad asumiendo los retos globales descritos más arriba. De igual manera ofrece una base para cuestionar la visión neoclásica del crecimiento y la estabilidad que formula un paradigma de crecimiento basado en la externalización de los costos medioambientales. El análisis histórico es requisito para explicar los procesos que han llevado en el pasado a la crisis de sostenibilidad. Como bien lo expresaba Eric Hobsbaum, heredamos del siglo XX un mundo que tiene por lo menos tres peculiaridades históricas: 1. Ya no es eurocéntrico y tiene cada vez un eje gravitacional en el pacífico asiático, con una cierta decadencia de la influencia europea y desde el ascenso de Donald Trump también de la norteamericana que de alguna forma era también la prolongación de la influencia europea; 2. El mundo se ha convertido hoy especialmente en la esfera económica en esa “aldea global” que el caracteriza como una “unidad operativa” y 3. La “desintegración de las antiguas pautas por las que se regían las relaciones sociales entre los seres humanos y, con ella, la ruptura de los vínculos entre las generaciones, es decir, entre pasado y presente.” (Hobsbawn, E. 1998: Historia del Siglo XX).
El análisis de los mecanismos que asisten a una transformación de carácter planetario exige, por otro lado una análisis de los procesos de transformación que llevaron a la consolidación de los actuales modelos de crecimiento. El economista y antropólogo austro-húngaro Karl Polanyi, fue uno de los primeros en sintetizar una visión no determinista, que explica la gran transformación de los dos pasados siglos, en por lo menos tres factores que es necesario tener en consideración: 1. El determinismo económico como fenómeno del siglo XIX ha cesado de ser operativo en la mayor parte del mundo. 2. El sistema de mercado ha deformado unilateralmente nuestra visión del hombre y de la sociedad. 3. Esas percepciones deformadas constituyen hoy uno de los principales obstáculos que nos impiden resolver los problemas de nuestra civilización (Polanyi, 1944).
Para Polanyi “la idea de un mercado que se regula a sí mismo era una idea puramente utópica”, que no puede existir sino a costa de destruir al ser humano y transformar su ecosistema en un desierto. “Inevitablemente la sociedad adoptó medidas para protegerse, pero todas ellas comprometían la autorregulación del mercado, desorganizaban la vida industrial y exponían así a la sociedad a otros peligros. Justamente este dilema obligó al sistema de mercado a seguir en su desarrollo un determinado rumbo y acabó por romper la organización social que estaba basada en él.” (Polanyi 1944: 28).
Tomando en cuenta esa perspectiva histórica, el análisis del desarrollo sostenible implica en si un cambio de paradigma que nos permita salir de una crisis que no es coyuntural ni cíclica. Se trata de “crisis orgánica” que de hecho está teniendo lugar ya hace algunos años: «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos», para decirlo con palabras de Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel. El concepto “transformación” adquiere de igual manera, enorme relevancia teórica si se combina con el concepto de “crisis orgánica”.
Sería necio pretender forzar la visión de Polanyi a responder la pregunta epistemológica presente aquí. Sin embargo vale la pena analizar el potencial transformador de una Agenda que de hecho es el resultado de un consenso político global, que tiene que ser enmarcado en el contexto internacional esbozado al inicio. Se puede decir que a pesar de aceptar que el desarrollo sostenible es tridimensional la “Agenda 2030” aparece en su esencia orientada por el determinismo de lo económico que no supera la creencia en el carácter auto regulador del mercado. He allí su limitación epistemológica.
Partiendo de lo anterior la Agenda 2030 es víctima de la misma dualidad que tiene el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático: Reconoce la existencia de una crisis orgánica pero no es capaz de cuestionar los factores estructurales que llevaron a la misma, formular una nueva gran transformación. Con el Acuerdo de Paris sobre el cambio climático los gobiernos del mundo asumen por primera vez el compromiso de actuar contra la mayor amenaza planetaria del presente; el cambio climático. A pesar de sus limitaciones el Acuerdo de Paris es un triunfo del multilateralismo sobre los egoísmos nacionales. Formula objetivos a ser logrados pero no es lo suficientemente vinculante porque no va a las raíces del problema.
Hoy las altas finanzas, de las que hablaba Polanyi van vinculadas a lo que se conoce como la “globalización sombra” y que describe ese tipo de relaciones financieras que ocurren en lo que podríamos llamar zonas de los ilegales y que han sido muy bien analizadas por Gabriel Zucman Zucman, 2015). A más de 240.000 millones de dólares ascienden las pérdidas anuales producto de la evasión fiscal de personas que aparcan sus fortunas en los llamados paraísos fiscales.
En el centro del último escándalo conocido como “Paradise Papers” se encuentra el bufete de abogados “Appleby” que arregla contratos con clientes dudosos como traficantes de diamantes provenientes de zonas de conflicto en Congo o Sierra Leone. Dicho cliente ya tuvo que pagar una multa de 160 millones de dólares al Estado belga por traficar ilegalmente con metales preciosos provenientes de África. Appleby es miembro dirigente de una gran red mundial de abogados, asesores y managers conocida como “Offshore Magic Circle” y que manejan empresas en paraísos fiscales. Príncipes y princesas, la reina de Inglaterra, estrellas de Hollywood, Presidentes de países democráticos al igual que dictadores, oligarcas de Rusia, China o América Latina, compañías multinacionales como Nyke o Apple pero también cantantes como Bono de la Banda U2 que patrocina conciertos contra la deuda externa de los países pobres.
Sólo la evasión de impuestos corporativos cuesta al menos US$100.000 millones cada año a los países no desarrollados, según Oxfam. «Esto es dinero suficiente para proporcionar educación a 124 millones de niños y prevenir la muerte de casi 8 millones de madres, bebés y niños al año», afirman. En África, ejemplifican, se pierden US$14.000 millones anuales en tributos por el uso de paraísos fiscales de parte de los ultrarricos. Según Oxfam, ese dinero cubriría los costos de atención médica para 4 millones de niños del continente y emplearía suficientes maestros para que cada menor africano asista a la escuela. Las autoridades africanas estiman que el continente pierde más dinero en la evasión fiscal de lo recibe en forma de ayuda internacional.
La característica peculiar de la globalización moderna es que ha venido acompañada de una enorme revolución en las telecomunicaciones. Dicha transformación ha llevado a un crecimiento enorme del poder de las empresas gigantes del Internet. Los cinco gigantes: Google, Amazon, Facebook y Apple, Twiter han logrado acumular un enorme capital financiero que sobrepasa por tres el valor de las acciones de la bolsa alemana DAX. Con más de 400 milliardos Euro es Apple es mucho más grande que Amazon o Google.
La relación entre el Estado y los consorcios digitales se vuelve cada vez más problemática. Es precisamente el dominio de los consorcios digitales el vehículo que ha permitido a las altas finanzas escapar del control fiscal de los estados. Paradójicamente el capital de dichos gigantes digitales supera ya la cifras de activos de muchos bancos. No es casual que Apple aparezca como empresa prominente en los Paradise papers (Apple pagaba en Irlanda solamente 50 Euros de impuestos por ganancias de más de mil millones de Euros) y que Google tenga que pagar una multa de mas de dos milliardos a la Comisión Europea por evasión fiscal.
Hacia finales de los años 90 el valor de mercado de la riqueza privada acumulada en Bancos privados por los residentes de los países en desarrollo ascendía a por lo menos 1.5 a 1.7 trillones de US$. Ese monto era equiparable al monto de la deuda externa de dichos países en el mismo período. Un oficial de la Reserva Federal decía: “El problema no es que no tengan dinero, el problema es que está todo en Miami (Henry, J. xxvi). No es un secreto que la descapitalización de los países en desarrollo tuvo lugar con la ayuda de instituciones de las altas finanzas como, Citigroup, JPMorgan Chase (Chemical MHT), UBS, Barclays, Credit Suisse First Boston, ABNAMRO Merrill Lynch, ING Bank,The Bank of New York,American Express Bank más unas dos docenas de bancos suizos, británicos, holandeses, franceses, alemanes y austríacos.
Un desafío importante de la agenda es la operacionalización del ODS1 (Terminar con la pobreza) y su vinculación al ODS10 (Reducir las desigualdades). El ODS 1 busca combinar la definición de pobreza de ingresos con otras dimensiones de la pobreza y la vulnerabilidad (1.2 y 1.5). Es un indicador central y de referencia para la política de cooperación en el futuro. Hasta ahora la definición multidimensional de pobreza inspirada en Amartya Sen estaba en la base de los lineamientos del DAC/OECD. Las organizaciones internacionales han corregido los métodos por medio de los que establecían sus líneas de pobreza. La definición y el cálculo de pobreza es de inestimable relevancia. En el pasado se ha podido observar como la política ha manipulado las estadísticas utilizando definiciones de la línea de la pobreza que no reflejan la realidad. La definición de la línea de la pobreza es un problema académico con repercusiones políticas.
El 10% más rico de la población se queda hasta con el 40% del ingreso mundial total mientras que el 10% más pobre obtiene solo entre el 2% y 7% del ingreso total. En los países en desarrollo, la desigualdad ha aumentado en 11%, si se considera el aumento de la población. La desigualad de ingresos es, de hecho un problema mundial. Sin embargo las soluciones más efectivas deben adoptarse a nivel nacional. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten.
Reducir la desigualdad es uno de los 17 Objetivos Globales de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral es crucial para avanzar en los diversos objetivos. Existen diversas formas para medir la desigualdad. Las medidas de la desigualdad vinculadas a los aspectos económicos toman en consideración la distribución de ingresos, la distribución de la tierra, del capital y también de las cargas financieras, entre otras. El indicador más difundido el índice de Gini. La población se divide en quintiles desde los más pobres hasta los más ricos. Sin embargo dicho indicador tiene algunas limitaciones. La medición de la desigualdad debe incluir factores cuantitativos y cualitativos que es importante analizar en el contexto nacional específico.
Uno de los aspectos más importantes para la vinculación entre política e implementación lo constituye el problema de los datos necesarios para medir y dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos. Es muy importante trabajar con las instituciones nacionales encargadas de la elaboración de información estadística. Esto implica un problema de costos que no puede ser resuelto por todos los países sin esfuerzos adicionales. Es importante mejorar la capacidad de las estadísticas oficiales pero también es importante permitir el acceso a los actores relevantes de la sociedad civil para que el seguimiento sea participativo. Es bien sabido que, a pesar de ser universales, no todos los SDG tienen la misma relevancia para todos los países. Por eso muchos indicadores se aplican de manera diferente en diferentes realidades nacionales. En los países ricos o en las ciudades de los países pobres el consumo sostenible es de mucha importancia. En el campo y en la mayoría de los países agrarios el tema de la seguridad alimentaria y la producción agrícola adquiere enorme relevancia.
La Agenda 2030 vincula el reto de la alimentación al de la agricultura. En el Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Dichos objetivos van orientados a “asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año”. Este aspecto de la estrategia la desvincula de una visión de la nutrición exclusivamente desde la perspectiva del hambre.
De igual manera el objetivo 2.2 que busca “poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad” no hace alusión específica a los problemas vinculados estrictamente con la agricultura y el peligro del surgimiento de situaciones de hambruna, como si se hace en los siguientes sub objetivos 2.3 – 2.5 y sus correspondientes medios de implementación ( ONU 2015): Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible).
“La implementación del ODS 2 tiene lugar dentro del enfrentamiento entre dos visiones alternativas de la alimentación y nutrición: un modelo de agricultura industrial a gran escala, cuyo objetivo es maximizar la productividad a corto plazo sobre la base de soluciones técnicas, y una visión de agroecología y agricultura sustentable a pequeña escala, basadas en el derecho humano a la nutrición y alimentación adecuadas.”
Hay cuatro narrativas tendenciosas que intervienen actualmente en la implementación del ODS 2 a fin de poner en entredicho esta simplicidad lineal.
Desmitificar el estereotipo del atraso rural, por lo tanto, es el primer paso conceptual que permite que surjan nuevas perspectivas sobre el espacio rural que puedan sentar las bases del progreso de los ODS 1 y 2.
El objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, no se refiere explícitamente a los problemas de nutrición y alimentación vinculados al consumo. Sin embargo hace referencia al “Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles”. Todavía es muy pronto para poder determinar si esta estrategia ofrecerá una puerta de acceso para tratar el problema de la obesidad como epidemia global. “El buen estado nutricional lleva a mayores ganancias y agudeza mental individual, que a su vez respalda el crecimiento macroeconómico y social. La malnutrición (que incluye diversas formas de desnutrición así como de sobrepeso y obesidad) deteriora la productividad individual, lo que actúa como un obstáculo para el crecimiento nacional. En este sentido, la malnutrición representará un impedimento pernicioso, a veces invisible, para lograr exitosamente todos los objetivos de desarrollo sostenible.”
Un reto importante es el de encontrar la vinculación entre la dimensión social y la dimensión ecológica de la sostenibilidad. Como bien se sabe la nueva Agenda tiene objetivos de carácter social (1-8) y objetivos de carácter más ecológico (11-16). Aquí se presenta el reto de identificar actores y potenciales conflictos de intereses. La necesidad de los campesinos para tener el acceso a la tierra para proteger su seguridad alimentaria puede entrar en conflicto con la necesidad de preservar los bosques y la biodiversidad. Cuáles son los mejores instrumentos y en que regiones?
El sector privado en la Agenda 2030 En el contexto de la Agenda 2030, la diferencia entre una Asociación Mundial y múltiples asociaciones público-privadas (APP) no solo es un sofisma semántico, sino que refleja dos visiones fundamentalmente diferentes de la función del Estado: por un lado, como garante de derechos, en particular con respecto a los derechos humanos, y como principal proveedor de bienes y servicios públicos y, por otro, como moderador y facilitador de acciones de diversas “partes interesadas” (stakeholders) del sector público y privado.
Al final de las negociaciones de la Agenda 2030, los gobiernos acordaron un compromiso claramente escalonado: se comprometieron plenamente a una Asociación Mundial revitalizada en el nivel gubernamental y declararon que la financiación pública “será vital para proporcionar servicios esenciales y bienes públicos y catalizar otras fuentes de financiación”.2 Pero también reconocieron “el papel que desempeñarán en la implementación de la nueva Agenda los diversos integrantes del sector privado, desde las microempresas y las cooperativas hasta las multinacionales, y la función de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas”.3
La aceptación del sector privado y las APP se hizo más visible en el documento final de la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de julio de 2015.4 Esta AAAA, vista como un programa de implementación de hecho para los ODS, dedica un capítulo aparte al importante rol de las empresas y la financiación privadas, y contiene 11 párrafos que promueven, motivan o alientan el uso de partnerships entre múltiples interesados (multi-stakeholders) o APP.5
La tendencia hacia alianzas con el sector privado se basa en diversos supuestos, en particular la creencia de que los problemas globales son demasiado grandes y el sector público demasiado débil para resolverlos solo.
Pero, ¿a qué se debe esta aparente debilidad del sector público para afrontar los desafíos de la Agenda 2030? ¿Por qué están vacías las arcas públicas? La falta de capacidad y recursos financieros no es un fenómeno inevitable, sino que es consecuencia de decisiones políticas deliberadas. Durante las últimas tres décadas, por ejemplo, las tasas de impuesto sobre la renta de empresas se han reducido tanto en los países del Sur global como en los del Norte global entre 15% y 20% (véase el capítulo 10). Cientos de miles de millones de dólares estadounidenses se pierden cada año a través de incentivos fiscales para empresas y diversas formas de elusión de impuestos. Los gobiernos, mediante sus políticas fiscales convenientes para las empresas y la falta de cooperación global eficaz en cuestiones de tributación, han debilitado su fuente de ingresos de manera considerable. Esto también es consecuencia del cabildeo empresarial. De acuerdo con un análisis reciente de Oxfam América, se calcula que, entre los años 2009 y 2015, las 50 empresas más grandes de Estados Unidos gastaron aproximadamente 2500 millones de dólares en cabildeo, con casi 352 millones de dólares destinados a asuntos fiscales. En el mismo periodo, recibieron más de 423.000 millones de dólares en desgravaciones fiscales.13
La presión sobre la ONU para que aborde las conexiones de las empresas y las normas de derechos humanos resultó, en 2011, en la adopción por parte del Consejo de Derechos Humanos de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Los principios son voluntarios y su puesta en práctica es poco uniforme y muy lenta, pero representan un compromiso inicial de mejorar la gobernanza respecto de las grandes empresas y ponen en evidencia las deficiencias del modelo empresarial del Pacto Mundial de la ONU (Global Compact) que, en el mejor de los casos, se basa en una persuasión moderada.3 Un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos está elaborando un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas.4
Además de demandar un acuerdo de calidad superior, las OSC abogaron por un mecanismo de rendición de cuentas sólido y siguen decepcionadas con el Foro Político de Alto Nivel que representa a todos, pero no exige nada.
Al trabajar con una diversidad de instrumentos temáticos de la ONU para que los Estados se responsabilicen de las actividades de sus empresas en el extranjero y en el país, las alianzas entre redes feministas y de justicia fiscal, los grupos de desarrollo y de derechos humanos, los defensores de la paz y los ambientalistas crean constantemente una estructura de rendición de cuentas sólida que atraviesa las fronteras. Sin embargo, esta responsabilidad no puede recaer solo sobre las OSC. La eficacia y durabilidad de la Agenda 2030 dependerá de si las metas y los objetivos interconectados pueden implementarse de manera conjunta, en un marco de rendición de cuentas de toda la ONU, a través de las fronteras y también en el contexto nacional.
La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados unánimemente por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 abordan de manera exhaustiva los principales problemas mundiales, como la aceleración del calentamiento global, las crecientes desigualdades, la pobreza, la discriminación de género, la violencia y el conflicto, y las fallas estructurales de los sistemas económicos y financieros globales. La Agenda 2030 es universal. Ningún país puede considerar que ya tiene un desarrollo sustentable ni que ya hizo su parte para alcanzar los ODS.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los movimientos sociales siguen avanzando en sus reivindicaciones transformadoras, que son mucho más ambiciosas que la Agenda 2030. Pero las OSC desempeñan además un papel fundamental como organismos de control independientes en la tarea de responsabilizar a los gobiernos, las organizaciones internacionales, las instituciones financieras y los bancos multilaterales de desarrollo, así como a las empresas transnacionales, con respecto a sus contribuciones para implementar la Agenda 2030. Tanto más cuanto más ricos y poderosos son los actores del sistema global, dada su influencia económica y su peso político en la toma de decisiones a escala internacional.
La formulación de lo Agenda 2030 es un nuevo reto para la investigación académica. La Agenda por si sola no es un cambio de paradigma en la teoría del desarrollo pues no cuestiona los factores de la crisis orgánica de la humanidad. Sin embargo constituye un marco referencial para avanzar en la investigación de conceptos como la transformación y la crisis orgánica. Por otro lado los ODS y su conjunto de indicadores ofrecen pautas importantes para hacer avanzar la investigación empírica en una serie de aspectos relevantes como la relación entre crecimiento económico y bienestar, los límites del concepto prosperidad compartida del Banco Mundial, las determinantes de la desigualdad o también la adaptación y la mitigación al cambio climático, para mencionar solo unos cuantos. En vista de que los límites planetarios son un hecho reconocido la transformación implica una serie de hipótesis que tienen que ver con el papel auto regulador del mercado, el capital financiero y la nueva correlación de fuerzas a nivel internacional. Se trata de identificar los límites y las potencialidades para un país pobre como Honduras para desarrollar estrategias propias en busca de la equidad y el bienestar social y ecológico. Pero se trata también de conocer la responsabilidad diferenciada de los actores nacionales e internacionales en base a los potenciales diferentes especialmente entre países ricos y países pobres.
“Durante mucho tiempo, el desarrollo económico fue moldeado por una aceptación generalizada de políticas neoliberales impulsadas como “única alternativa” por las instituciones financieras internacionales y los think tanks empresariales. Con demasiada frecuencia, las políticas y reglas poco equitativas sobre inversión, comercio y finanzas han exacerbado la pobreza y las desigualdades entre los países y dentro de ellos. Las políticas económicas orientadas al crecimiento a cualquier costo fomentan la sobreexplotación de la naturaleza, la dependencia de combustibles fósiles y la drástica reducción de la biodiversidad. Los países compiten en una carrera hacia el abismo al ofrecer impuestos más bajos y derechos laborales reducidos para atraer inversiones sin la obligación correspondiente de brindar trabajos decentes. El poder de los inversionistas y las grandes empresas se fortalece constantemente a través de la desregulación, la liberalización financiera y comercial, las exenciones y reducciones fiscales, la restricción de las normas de trabajo y la privatización de los bienes públicos. Estas políticas han debilitado el rol del Estado y su capacidad de cumplir con sus compromisos sobre derechos humanos y desarrollo sostenible.”
Pero la ciencia social y sobre todo la ciencia económica en Honduras no pueden quedarse en los tradicionales esquemas abstractos. Es necesario buscar procesos y métodos interdisciplinarios que permitan una conexión más estrecha con las ciencias exactas y naturales aprovechando las nuevas técnicas digitales de información. La Agenda tiene que ser vista como una oportunidad para que la Universidad deje de ser una torre de marfil protegida y encapsulada afuera de la realidad. Se trata de que por medio de la investigación científica se ofrezcan también instrumentos de política y soluciones técnicas con el objetivo de obtener los mayores impactos sociales y ecológicos.
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