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© Albrecht Schwarzkopf, 15.05.2024
Los primeros 100 días del nuevo gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala expiraron a finales de abril. Esta es una oportunidad para hacer un retrato de la situación política en Guatemala. Para poder presentar el panorama actual un poco más claramente en su contexto, deberíamos echar un vistazo a las turbulentas elecciones presidenciales y parlamentarias del año anterior, 2023. El liberal de izquierda Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla, ganó claramente las elecciones presidenciales, algo que nadie esperaba hasta entonces. El gobierno anterior del presidente autoritario y corrupto Alejandro Giammattei fue tan castigado que él y el autoritario partido de derecha VAMOS que lo apoyaba no llegaron a la segunda vuelta. Aunque el partido VAMOS y el “pacto de los corruptos” que lo rodea todavía tengan influencia en el parlamento.
Los guatemaltecos asocian el nombre del actual presidente Bernardo Arévalo, no sólo con esperanzas por su orientación democrático-liberal, sino también con la memoria histórica de su padre, Juan José Arévalo. Juan José Arévalo fue una figura clave en la llamada Revolución de Octubre en Guatemala en 1944, que puso fin a la larga dictadura de Ubico. J.J. Arévalo fue el primer presidente democrático de Guatemala de 1945 a 1951, antes de verse obligado a exiliarse tras un contragolpe en 1954.
Setenta años después, cuando el nuevo gobierno liberal de izquierda encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera asumió el cargo en enero, hubo un momento de felicidad en Guatemala. Ese día, 14 de enero de 2024, el Parlamento se reunió hasta medianoche. La toma de posesión del nuevo parlamento es la condición previa para el traspaso del cargo a la nueva presidencia. Hasta el último momento, el “pacto de los corruptos” hizo nuevos intentos de torpedear la toma de posesión. El “pacto de los corruptos” ha demostrado, como siempre, que no se resigna a aceptar la pérdida del poder. En 2021, el abogado y (hasta 2022) ex relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados comparó el sistema judicial de Guatemala con el sistema judicial de Polonia bajo el gobierno conservador de derecha del PiS. En ambos casos, el poder judicial no funciona respetando estrictamente la independencia de los tres poderes del gobierno. El sistema judicial está siendo instrumentalizado por el ejecutivo. En el caso de Guatemala se habla de cooptación del poder judicial. El “pacto de los corruptos”, que contaba con mayoría en el parlamento anterior, cooptó a los altos mandos del poder judicial en coordinación con el gobierno anterior de Alejandro Giammattei. En concreto, se trata de los supremos jueces de la Corte Constitucional, los supremos jueces de la Corte Suprema y el titular del Ministerio Público (MP).
En la primera vuelta de las elecciones de finales de junio de 2023 hubo una sorpresa inesperada: en las elecciones parlamentarias, el anterior partido gubernamental VAMOS, junto con los partidos aliados en el “pacto de corruptos”, perdió la mayoría. Casi de la nada, el relativamente pequeño y joven partido Movimiento SEMILLA ingresó al parlamento de 160 escaños con al menos 23 representantes. Sobre todo, el dúo de candidatos del partido SEMILLA, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, resultaron elegidos segundos en las elecciones presidenciales y, por tanto, calificados para la segunda vuelta electoral a finales de agosto de 2023. Nadie se lo esperaba, porque las encuestas de opinión no habían tenido suficientemente en cuenta las redes sociales. SEMILLA no había aparecido anteriormente en las encuestas. Es interesante que el partido SEMILLA y Arévalo hubieran diseñado su campaña electoral principalmente para combatir la corrupción del gobierno autoritario de A. Giammattei. Y, evidentemente, esto también fue visto como una prioridad por el electorado en ambas rondas de votación. Dicho en otras palabras, había obviamente un cansancio muy fuerte con las maquinaciones corruptas de los gobernantes anteriores.
El amor al poder del “pacto de los corruptos” se hizo evidente inmediatamente después de la primera vuelta de la votación, enfrentando al partido SEMILLA con los principales actores de este pacto. Por parte del Ministerio Público (MP), el fiscal especial Rafael Curruchiche presentó una acusación para suspender al partido SEMILLA por falsificación de firmas en el expediente fundacional del partido en 2018, a pesar de que el partido había sido admitido previamente a las elecciones. El juez Fredy Orellana ordenó por este motivo la suspensión del partido SEMILLA. Sin embargo, la candidatura del dúo presidencial SEMILLA fue aceptada y se llevó a cabo la segunda vuelta. Posteriormente, el Tribunal Constitucional ratificó la suspensión del partido.
En la segunda vuelta, la dupla SEMILLA se enfrentó a Sandra Torres del partido UNE. Sandra Torres realizó una campaña electoral populista e hizo muchas promesas a la población. Quería introducir un ministerio indígena por un lado y un ministerio religioso por el otro. Ambos se deben al hecho de que los evangélicos, al igual que los indígenas, representan un gran grupo de votantes en Guatemala. El candidato a vicepresidente de la UNE proviene de una iglesia evangélica. Sandra Torres también había hecho promesas a alcaldes, concretamente del partido VAMOS, sobre futuras donaciones. Sandra Torres, ex esposa presidencial de Álvaro Colom (principios de 2009 – finales de 2012), estuvo por tercera vez en las elecciones presidenciales y también llegó a la segunda vuelta. Ella siempre fue una perdedora. Esto se debe a que hay segmentos más amplios de la población que se muestran escépticos ante Sandra Torres, en última instancia hambrienta de poder.
Lo que destaca en la segunda vuelta de las elecciones de agosto es que Bernardo Arévalo se impuso a Sandra Torres con un 58 por ciento, una clara ventaja. En definitiva, existe sobre todo una desconfianza hacia Sandra Torres, quien en los últimos años, por sus propias razones de poder, ayudó al gobierno del ex presidente autoritario A. Giammattei, sospechoso de corrupción, a obtener una mayoría parlamentaria, y no sólo en decisiones presupuestarias. Una vez más, la clara mayoría de los votantes en la segunda vuelta votó a favor de un cambio de dirección política y de la lucha contra la corrupción.
El hecho de que esto no sea solamente resultado de elecciones quedó demostrado en 2015, un año turbulento en Guatemala. En ese momento, la población guatemalteca votó por el “comediante” Jimmy Morales en la segunda vuelta electoral, lo que causó asombro en todas partes. Como luego resultó, los guatemaltecos se habían conseguido otro gobierno corrupto. Y Jimmy Morales expulsó a la Comisión de la ONU Contra la Impunidad, CICIG, en 2018. Allanó el camino para una mayor impunidad bajo el siguiente gobierno de A. Giammattei, así como para la formación del “pacto de los corruptos”.
Se puede considerar que el electorado muestra un buen nivel de ilustración democrática en estas elecciones. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) jugó aquí un papel notable. A pesar de todas las presiones, mantiene su independencia desde abril del año pasado. No sólo ha habido presión política del Ejecutivo contra el TSE, sino también del poder judicial, concretamente de la Fiscal General Consuelo Porras y de la Corte Suprema. En este contexto también desempeña un papel agitador una organización no gubernamental: la “Fundación contra el Terrorismo”, en torno a los abogados Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, cercanos a los militares. Ellos estuvieron presentando denuncias ante el Ministerio Público (MP) contra jueces liberales como la jueza Erika Aifan (se exiliaría en marzo de 2022 por amenazas masivas) y el juez Miguel Ángel Gálvez (se exiliaría en noviembre de 2022 por amenazas masivas). Lo mismo ocurrió con el exfiscal especial anticorrupción Francisco Sandoval (se exiliaría en julio de 2021), contra quien su sucesor R. Curruchiche abrió un proceso penal. Los mencionados tres abogados y jueces exiliados se caracterizan por haber liderado importantes procesos anticorrupción y delitos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y, por tanto, estaban en la mirilla del “pacto de los corruptos”.
El Tribunal Electoral del TSE reconoció y defendió claramente como válido el resultado de la primera vuelta electoral y luego también el resultado de la segunda vuelta. Al “pacto de los corruptos” no le gustó esto y se iniciaron endebles procesos judiciales contra algunos jueces del TSE. Las cosas se pusieron demasiado difíciles para cuatro jueces en Guatemala en enero de este año, por lo que se tomaron un descanso en el extranjero por poco más de cuatro semanas. Estos cuatro jueces ahora han regresado a Guatemala pero enfrentan procesos legales. También se espera que en un futuro próximo haya un reemplazo de los jueces del TSE.
Los resultados electorales fueron defendidos desde muchos sectores. En octubre, sectores muy activos de la población maya convocaron a manifestaciones contra la Fiscalía General frente a su despacho que duraron más de cien días y de esta manera defendieron la elección de Bernardo Arévalo. Muchos sectores de la sociedad civil también defendieron los resultados electorales, incluida la mayoría de los sectores de la organización corporativa “Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras” (CACIF). Para la mayor parte del CACIF, el malestar político provocado por el pacto de los corruptos no encaja en el concepto de su negocio. Quedan excluidos de esto los exportadores agrícolas de la “Cámara del Agro de Guatemala” (CAMAGRO) y la industria exportadora de café (ANACAFE), que no quisieron apoyar el reconocimiento de los resultados electorales.
Por último, la comunidad internacional ha hecho una intensa campaña para que se reconozcan los resultados electorales. La Organización de Estados Americanos, OEA, envió una misión de observación electoral a Guatemala y señaló en repetidas ocasiones que se deben respetar los resultados electorales. Las misiones de observación electoral de la UE y Estados Unidos han hecho lo mismo. Por parte de la UE, el Comisario de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, finalmente anunció a mediados de diciembre que la UE impondría una lista de sanciones contra cinco personas del poder judicial en Guatemala. En esta lista están los nombres de la Fiscal General Consuelo Porras, el Fiscal Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche y el Juez Fredy Orellana (se ha desempeñado como contraparte del Ministerio Público en los juzgados para la apertura de procesos judiciales). El hecho de que la comunidad internacional se haya expresado con más fuerza de lo esperado se debe también a que las condiciones políticas en Centroamérica se han vuelto cada vez más precarias. En Nicaragua y El Salvador hay gobiernos autoritarios y en Honduras la presidente gobierna bajo estados de emergencia. Si Guatemala cayera en manos de autoritarios después de las elecciones, sería una señal fatal para la democracia en Centroamérica y América Latina.
El 14 de enero de 2024 toman posesión el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, reemplazando el anterior gobierno autoritario por un equipo de gobierno liberal. La composición del nuevo gabinete representa el equilibrio de diferentes sectores de la sociedad. Fueron nombrados ministros con experiencia en el aparato gubernamental o en su especialidad. El presidente Arévalo nombró para el Ministerio de la Construcción a Jazmín de la Vega de la asociación empresarial CACIF, la investigadora maya reconocida internacionalmente Liwy Grazioso como responsable de cultura y Francisco Jiménez, quien fue respetado durante el gobierno de Álvaro Colon, como Ministro del Interior (2009 – 2012). La Ministra de Educación Anabella Giracca trabaja en el sector educativo desde hace mucho tiempo, la Viceministra de Educación es una mujer maya. Asimismo, la Viceministra de Salud es una mujer maya. El Ministro de Finanzas es Jonathan Menkos del partido SEMILLA. Además, se han cubierto los puestos más altos de la burocracia ministerial. La primera tarea de los ministros fue realizar una auditoría en sus ministerios. Y como era de esperar, al hacerlo han expuesto directamente casos evidentes de corrupción por parte del gobierno anterior. La Ministra de la Construcción anunció que había descubierto 1.400 anomalías en los proyectos de construcción presentados a su ministerio. Esto es importante para que las cosas del pasado no caigan en los pies de los nuevos ministros y también para descubrir huellas de círculos susceptibles de soborno.
Como Guatemala es una democracia presidencial, hay un cambio notable allí con el nuevo presidente. Pero también en este caso muchas decisiones dependen del voto del Parlamento.
El problema en el parlamento es que hay una derrota parcial del «pacto de los partidos corruptos», que apoyó al anterior gobierno del autoritario presidente Giammattei. Sin embargo, los partidos VAMOS de A. Giammattei y VALOR de Zury Ríos (en alianza con Álvaro Arzú) suman un total combinado de 51 votos (de 160 escaños parlamentarios). El partido UNE de Sandra Torres puede contar con 28 votos. El partido VAMOS y el partido UNE están presentes actualmente con dos corrientes dentro del partido. En cualquier caso, el «pacto de los corruptos» sigue presente en el Parlamento. El ex presidente parlamentario Allan Rodríguez suele hablar en el parlamento como un halcón del partido VAMOS. También utiliza sus conexiones con fiscales y tribunales para poner tantos obstáculos como sea posible en el camino del gobierno. En términos parlamentarios, el resultado de 23 escaños para el partido SEMILLA no es sobresaliente, pero SEMILLA logra formar alianzas con otros partidos liberales o con corrientes de otros partidos. Esto significa que es relativamente seguro obtener 50 votos y, por tanto, al menos un peso de alrededor de un tercio de los escaños parlamentarios. El presidente del Parlamento proviene de un partido pequeño, pero no es miembro del «pacto de los corruptos».
El handicap del partido SEMILLA es que su estatuto partidario ha sido suspendido por el Ministerio Público con confirmación judicial. Por lo tanto, los diputados de SEMILLA son únicamente diputados independientes y no tienen estatus de grupo parlamentario. Esto significa que no se puede reclamar la presidencia de comités. Esto afecta el perfil partidario de SEMILLA como partido de gobierno.
El apoyo y la transparencia de la población son necesarios para la existencia de un gobierno democrático basado en el Estado de derecho. Para la estabilidad de un gobierno, éste también debe vigilar aquellos aspectos que plantean riesgos reales. Este peligro es el pacto político de los corruptos como camarilla del anterior gobierno de A. Giammattei, que se ha asegurado su presencia en la actual legislatura. El objetivo de la camarilla es darse un trato preferencial y favores mutuos y completar su campo de acción a través de sus conexiones con la cúpula judicial y la fiscalía. El objetivo de la fiscalía y de los tribunales es utilizar delitos penales para procesar a los opositores políticos en la política y los medios de comunicación. Edgar Gutiérrez, periodista y ex canciller guatemalteco, quien se vio obligado a exiliarse en México hace un año debido a sus publicaciones sobre la corrupción de A. Giammattei, escribió hace un mes que “dar la aplicación de la ley su orientación política, debe ser un objetivo necesario del gobierno, ya que la abogada Porras continuará sus esfuerzos para anular las elecciones de 2023”.
El «quién es quién» de esta camarilla de gente corrupta se puede leer fácilmente en la lista de sanciones del Departamento de Estado de EE.UU., la «Lista Engel». En base a dicha lista se imponen restricciones y prohibiciones de entrada individuales a personas que actúan contra la democracia y los derechos humanos y cuyos activos extranjeros están congelados. Entre ellos se encuentran, del Ministerio Público, la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal especial Rafael Curruchiche, el juez Fredy Orellana, la expresidenta de la Corte Suprema Silvia Váldes, el actual presidente del Tribunal Constitucional Néster Vásquez. En la lista también figuran 107 miembros del parlamento anterior. Esta red de personas explota el sistema legal para perseguir sin piedad a funcionarios judiciales liberales, tanto jueces como fiscales, que han hecho campaña contra la impunidad, incluso en el marco de la Comisión de la ONU contra la Impunidad, CICIG.
Este instrumento de persecución penal se utiliza, de igual manera, contra quienes expusieron los casos de corrupción en el marco de la libertad de prensa y la libertad de expresión. El editor del desaparecido diario «El Periódico» lleva casi dos años en prisión porque la Fundación contra el Terrorismo y posteriormente la Fiscalía le acusaron de no tramitar adecuadamente el pago de 30.000 euros. Este es un pretexto falso, porque Rubén Zamora ha podido demostrar con muy buen conocimiento detallado en sus columnas periodísticas la implicación del Presidente A. Giammattei en actos de corrupción. Si bien A. Giammattei logró encubrir la instrucción directa de actuar contra Rubén Zamora, es indiscutible que el fiscal actuó directamente en el proceso penal de acuerdo con sus deseos. También es sorprendente que la camarilla corrupta en la cima del sistema legal se vuelva contra colegas de su propia profesión sin inhibiciones. La intachable ex fiscal general Claudia Paz y Paz, se encuentra en el exilio, al igual que su sucesora Thelma Aldana.
Después de la llegada al poder de Bernardo Arévalo, surgió la pregunta de qué pasaría después. Ya en octubre, la resistencia indígena en defensa de los resultados electorales y del presidente electo B. Arévalo había pedido la dimisión de la Fiscal General. En ese momento, el Tribunal Constitucional anunció que el Presidente de la República no podía destituir a la Fiscal General. Aunque esto no está en la Constitución, fortaleció a la Fiscal General, quien podía estar segura de contar con el apoyo del Tribunal Constitucional, de tendencia conservadora y de extrema derecha. Inicialmente, el presidente Arévalo llamó a la fiscal Consuelo Porras a renunciar a su cargo. Esta fue una oferta amistosa que fue contradicha por el poder político de Consuelo Porras y su red.
A principios de mayo de 2024, Bernardo Arévalo presentó al Parlamento una reforma legal para la Procuraduría General de la República. La estructura de la Fiscalía General está asignada a una ley de implementación separada, que fue aprobada por el Parlamento en 2016 a sugerencia del partido UNE. Según la opinión jurídica de muchos juristas, por un lado, una ley de este tipo puede ser derogada y, por otro lado, va en contra de la opinión de que un presidente tiene el derecho, según la Constitución, de destituir a alguien de su cargo y pedirle a la Fiscalia General nombrar a una persona más adecuada y profesional. Hasta ahora ha habido dos intentos de votar la reforma legal en el Parlamento, donde requiere la aprobación de una mayoría cualificada de dos tercios (107 votos de un total de 160 votos). Sin embargo, no se celebró ninguna votación porque los diputados no se presentaron a votar o se les impidió participar. En algunos casos ha habido amenazas evidentes contra miembros del parlamento, incluidas amenazas de muerte. El Presidente del Parlamento ha confirmado la existencia de estas amenazas. No está del todo claro cuál sería el ambiente para esta votación en el Parlamento si se hubiera alcanzado el quórum. En cualquier caso, esto indica que la camarilla corrupta puede contar hasta ahora con el bastión del poder judicial.
Muchas instituciones siguen bajo el control del “pacto de los corruptos”. Mucho gira en torno a la persona de la Fiscalía General, Consuelo Porras, y a sectores de la elite burocrática del poder judicial. No se puede predecir con precisión si el Presidente Arévalo podrá lograr aquí un alivio para su gobierno. La lucha contra la corrupción será una tarea a más largo plazo. Para ganar terreno aquí es necesaria la cooperación de la sociedad civil.
Por otro lado, el gobierno de Bernardo Arévalo proporciona incentivos positivos para la democratización de la gobernanza y la participación social. Se ha creado una comisión para las medidas de política agrícola que trabaja con importantes organizaciones de agricultores y se basa en la consideración de los acuerdos pertinentes del acuerdo de paz. Hay una comisión anticorrupción nombrada por el presidente que está comprometida en su tarea con energía. Se ha iniciado un diálogo con los pueblos indígenas, que trazarán líneas programáticas contra la discriminación étnica hasta agosto de este año. Bernardo Arévalo ha designado gobernadores departamentales, muchos de los cuales provienen del sector liberal progresista, como Angelina Aspuac de la organización de mujeres kakchiqueles AFEDES en la región de Sacatepéquez. Estos gobernadores deberían crear gabinetes para su región, algo que no había sucedido antes. En los primeros meses de la administración, se hizo evidente que algunas sentencias anteriores en el sistema judicial se habían suavizado y que las nuevas sentencias penales eran a veces más moderadas. En Guatemala, se puede escuchar alivio en la sociedad civil porque un “gobierno verdaderamente democrático” está en el poder y está dando espacio a la esperanza democrática.
Dados los riesgos en Guatemala y la región, países y grupos de países como Estados Unidos, Europa y Alemania deberían apoyar el proceso de democratización a través del asesoramiento político, el financiamiento y la promoción de la sociedad civil.
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