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© Pedro Morazan, 2009
Muchas instituciones internacionales consideran dramático el impacto de la actual crisis financiera en los países en desarrollo. En los países emergentes ya se observa un fuerte descenso de la producción industrial de más del 30%. Los hechos hablan por sí mismos. Como consecuencia de la disminución de los pedidos en los mercados internacionales, más de 20 millones de personas en China ya están sin trabajo, en India se han producido más de 200.000 despidos sólo en la industria del diamante, en el Congo 300.000 despidos en la extracción de materias primas, y en Camboya más de 30.000 trabajadoras del sector textil están sin empleo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 51 millones de personas en todo el mundo perderán su empleo en 2009. La pérdida de empleo significa pobreza en muchos países. Para 2009, el Banco Mundial espera que más de 50 millones de personas se unan al ejército de los pobres. Como consecuencia de la crisis alimentaria, otros 44 millones de personas se han convertido en víctimas de la malnutrición.
La crisis financiera internacional es principalmente una crisis de crédito y, por tanto, una crisis del sistema bancario internacional. Los bancos de los países emergentes y en desarrollo, con algunas excepciones (Hong Kong y Singapur), han admitido no participar en el comercio de derivados. En el África subsahariana, los bancos se abastecen principalmente de capital nacional o regional y no dependen tanto de los préstamos extranjeros para financiar sus operaciones. Sin embargo, el sistema financiero de estos países está vinculado a los mercados financieros internacionales como consecuencia de la liberalización de la cuenta de capital impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, por tanto, se ve afectado de forma indirecta.
Las inversiones extranjeras directas, las inversiones de cartera y los préstamos para los países en desarrollo y emergentes están disminuyendo drásticamente como resultado de la recesión y los paquetes de rescate en los países industrializados. Los centros financieros de los países industrializados desvían literalmente el dinero del Sur para rescatar a los bancos. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, las entradas de capital en los países en desarrollo cayeron un 50% en 2008 respecto al año anterior, hasta los 466.000 millones de dólares. Para 2009 se espera un nuevo descenso de 300.000 millones de dólares, hasta los 165.000 millones de dólares. Algo más de la mitad se debe a la reducción de las entradas de dinero de los bancos privados en los países emergentes.
Según los cálculos del Banco Mundial, las necesidades de financiación de los países en vías de desarrollo como consecuencia del agotamiento de las transferencias bancarias ascienden a 1,4 billones de dólares. La consecuencia inmediata de esta gigantesca falta de recursos podría ser el resurgimiento de una crisis de la deuda[2] 1.
Sin embargo, durante los últimos cinco años, el África subsahariana ha disfrutado de fuertes entradas de capital en forma de inversiones extranjeras directas, inversiones de cartera y préstamos, que ahora están disminuyendo como consecuencia de la recesión en el mundo desarrollado. La mayoría de los bancos de los países de renta baja son propiedad de grandes bancos internacionales, lo que significa que las sucursales bancarias no disponen actualmente de recursos adicionales para satisfacer la creciente demanda de financiación (FMI 2009, p. 12). La ralentización o la disminución observada de las entradas de capital en África afectará a los mercados financieros de los países con una dinámica económica recientemente fuerte, como Nigeria, Kenia y Sudáfrica. Algunos países han utilizado las entradas de capital para financiar proyectos de infraestructura que ahora están inactivos. Más de la mitad de los países en desarrollo, especialmente los de América Latina y Asia, se verán afectados por una disminución de la inversión extranjera directa.
Más del 70 % del comercio mundial se realiza entre los países ricos industrializados. Al mismo tiempo, los países en desarrollo son muy dependientes de la demanda de los países industrializados. El comercio Sur-Sur no representa más del 10 % del comercio mundial. Como resultado de la liberalización impuesta por las instituciones financieras internacionales, el comercio exterior se ha convertido en la principal fuente de crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo desde 1991. La producción nacional se hundió en muchos lugares, y la exportación de materias primas se convirtió en la pieza central de la nueva estrategia del Banco Mundial. El papel de los países en vías de desarrollo como proveedores de materias primas quedó así cimentado:
Más del 70% de las exportaciones de los países en desarrollo son productos básicos o agrícolas. Las exportaciones de productos básicos son fuertemente procíclicas, es decir, cuando las economías de los países industrializados y emergentes crecen, la demanda de productos básicos también crece. Pero ahora, como resultado de la recesión, la demanda de la mayoría de los productos básicos está disminuyendo en todos los países de la OCDE. Los precios de las principales exportaciones primarias, como el petróleo, los minerales y los alimentos, han caído de forma muy brusca desde el inicio de la crisis financiera: Los precios del petróleo en más del 70%, los productos minerales en más del 50% y los alimentos en más del 35% (FMI 2009a). En general, el índice de productos industriales cayó de 270 a 150 puntos.
Muchos países dependen en gran medida de las remesas de los trabajadores que han emigrado a Estados Unidos, Japón y Europa. Entre 2000 y 2007, las remesas de los trabajadores inmigrantes se duplicaron con creces. Según el Banco Mundial, más de 200 millones de personas remitieron más de 283.000 millones de dólares a sus países de origen en 2008 (véase el cuadro). Esto supone más del 1,8% del producto interior bruto (PIB) agregado de estos países. En algunos países africanos, las remesas superan entre siete y ocho veces el importe de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y suelen ser una fuente de ingresos más fiable que la inversión extranjera o la ayuda al desarrollo.
En 2008, más de 20.000 millones de dólares estadounidenses en remesas fluyeron sólo hacia el África subsahariana. Sin embargo, en términos de porcentaje del PIB, los mayores receptores son Tayikistán (45%), Moldavia (38%), Tonga (35%), Lesoto (29%) y Honduras (25%). Otros destinos importantes de las remesas en África son Nigeria, Kenia, Sudán, Senegal, Uganda y Sudáfrica, que recibieron las mayores cantidades en términos absolutos. En América Latina, más del 45% de las remesas de la región se dirigieron a México, Brasil y Colombia (BID 2009).
Las remesas han demostrado ser especialmente resistentes a las crisis e incluso de carácter anticíclico, creciendo más cuando el país receptor se ve afectado por una evolución adversa o por choques externos. Sin embargo, la profundidad y la amplitud de la actual crisis financiera tendrán un impacto negativo en las remesas, ya que el margen de maniobra financiera de los emigrantes laborales es muy reducido. Aunque las previsiones en este ámbito son todavía inciertas, dada la disminución de los pedidos en las industrias que emplean a inmigrantes (por ejemplo, la industria de la construcción), los primeros signos negativos ya eran visibles a finales de 2008: las remesas ya mostraron una desaceleración en el tercer trimestre de 2008 y el crecimiento disminuyó en 2008 en comparación con los años anteriores (véase el cuadro de la página 13).
La posición de los países en desarrollo y emergentes ha quedado mucho más expuesta a las turbulencias de la economía mundial como resultado de las reformas neoliberales de la década de 1990, a pesar de todas las garantías de las instituciones financieras internacionales (véase Falk 2009). Esto es evidente no sólo por las anteriores crisis de los precios de los alimentos y del petróleo, sino especialmente ahora con la crisis de los sistemas financieros. La supuesta «desvinculación» y protección que se suponía que debían aportar los regímenes cambiarios liberalizados ha resultado ser un espejismo ante la crisis actual.
Más de 30 países de renta baja dependientes de la exportación de bienes primarios han experimentado dramáticos problemas de refinanciación desde 2008. Aquí se puede ver que la fuerte liberalización comercial impuesta a estos países cuando se incorporaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y para cumplir con la condicionalidad del FMI y el Banco Mundial, junto con la rabiosa liberalización de su cuenta de capital, también exigida por el FMI y el Banco Mundial, llevó a un deterioro de sus ratios de cambio. Ambos contribuyeron a la concentración de la riqueza y la renta en los centros del capitalismo global y a la degradación de estos países a proveedores de materias primas.
Según las estimaciones del FMI, las necesidades de financiación de estos países ascenderán a más de 25.000 millones de dólares sólo en 2009 como consecuencia de la disminución de los ingresos por exportación. Estimaciones menos optimistas sitúan la carga sobre los presupuestos públicos de estos países en más de 150.000 millones de dólares. Estas son las consecuencias de una crisis que se originó en los centros del neoliberalismo en Nueva York, Londres y Frankfurt. Según las estimaciones del Banco Mundial, las necesidades de financiación de los países en desarrollo sólo para 2009 se sitúan entre los 270.000 y los 700.000 millones de dólares, dependiendo de la gravedad de la crisis y del tipo de contramedidas adoptadas (Banco Mundial 2009).
Básicamente, se trata de la destrucción directa de los activos nacionales de estos países como resultado de la crisis. Porque estas sumas deben obtenerse en última instancia de las reservas de divisas que han acumulado a expensas de sus propios esfuerzos de desarrollo para servir a la cuenta de capital liberalizada.
Los déficits de la cuenta de capital resultantes tienen que ser financiados por una mayor deuda. El impacto en la cuenta de capital se cifra en 165.000 millones de dólares en las previsiones optimistas (FMI 2009a). Más de 30 países sólo podrán gestionar las consecuencias inmediatas de la crisis con financiación externa. La deuda externa también se verá agravada por el hecho de que la inversión extranjera directa se reducirá drásticamente. El aumento de las necesidades de financiación dará lugar a nuevos préstamos, en parte de nuevos acreedores cuyo comportamiento es difícil de predecir en caso de nuevas crisis de deuda. Las pasadas crisis financieras de América Latina y Asia dejaron a los países emergentes y en desarrollo con pocas alternativas. Además, la única manera de que los países en desarrollo se protejan de los choques externos y mantengan un tipo de cambio estable es mantener sus monedas infravaloradas. Pero cuando las monedas nacionales se devalúan, esto también aumenta la deuda externa, ya que se toma prestada en monedas fuertes.
El Estado está sometido a una fuerte presión en estos países. El aumento del desempleo y la pobreza, junto con la disminución de los ingresos, lo debilitan aún más. Sin embargo, los programas de ayuda de emergencia para personas en situación de hambre no pueden llegar a tiempo a los más pobres sin la ayuda del gobierno. En esta situación, resulta extraño que los políticos de los países responsables de esta crisis se opongan obstinadamente a la ayuda presupuestaria pública para financiar programas de lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. Y esto en un momento en que hasta el FMI predica lo que ha castigado a estos países durante años: «Los programas de transferencia que benefician sobre todo a los más pobres suelen tener el efecto de impulsar más la demanda agregada, ya que tienen una mayor propensión al consumo.» (FMI 2009a, traducción propia).
La crisis financiera se convierte así también en una crisis sistémica que anuncia el fin de un paradigma en la teoría y la política económica, a saber, el paradigma del neoliberalismo. Para los países de bajos ingresos, esto significa en términos concretos el ajuste de cuentas con el «Consenso de Washington»: durante décadas, el FMI y el Banco Mundial, junto con los gobiernos de los EE.UU. y otros países industrializados líderes, impulsaron la liberalización de la cuenta de capital, la autonomía absoluta del banco central y, por tanto, de la política monetaria, la liberalización incondicional del comercio exterior y la obligación de seguir una política de estabilidad macroeconómica procíclica y restrictiva. Impusieron sus ideas macroeconómicas, conocidas como el Consenso de Washington, a los países en desarrollo y emergentes, imponiendo condiciones para la concesión de préstamos o el alivio de la deuda.
Este consenso ha retrocedido en los últimos años como consecuencia de las recurrentes crisis financieras en los países emergentes (México, 1994, Rusia 1995, Asia 1997, Brasil 1998, Argentina 2000, Turquía 2001). Sin embargo, no todos sus componentes principales han sido cuestionados.
Los países de renta baja se encuentran en una situación de emergencia como consecuencia de la crisis provocada por los países ricos industrializados. Además, las reformas impuestas en las dos últimas décadas han aumentado su vulnerabilidad a los choques externos. La búsqueda de soluciones implica una serie de enfoques diversos, a corto y largo plazo, que deben transformar el sistema desde distintos ángulos:
A la vista de la experiencia pasada, se impone una extrema cautela, incluso escepticismo, cuando el FMI reaparece como gestor supremo de la crisis. En el pasado, fue el principal responsable de la introducción del neoliberalismo en los países en desarrollo. Su papel poco glorioso y contraproducente en la gestión de la crisis asiática y su propagación a otras economías emergentes a finales de la década de 1990 también debería ser una advertencia. El FMI debería reconocer en primer lugar su parte de responsabilidad en la creación de esta crisis con sus posteriores consecuencias. Si el FMI no está dispuesto a buscar una solución a la crisis que rompa con el viejo paradigma del Consenso de Washington, no debería ser el gestor de la crisis. En concreto, esto significa que la tan esperada democratización del FMI, así como del Banco Mundial, debe llevarse a cabo finalmente. De lo contrario, deberán surgir nuevas instituciones, con un liderazgo cuyo mandato principal sea hacer realidad el paradigma del desarrollo sostenible.
En el centro de la crisis actual está el conflicto entre el capital y el trabajo como factores de producción globalizados. El origen de la crisis está en la tremenda redistribución de abajo hacia arriba y en el constante crecimiento de los rendimientos del capital financiero a costa del trabajo asalariado en todo el mundo. Esta lógica -con pocas excepciones- no se detuvo en las fronteras nacionales. Determinó y sigue determinando la lógica del capital en Alemania y Estados Unidos, así como en China y Brasil. La superación de esta lógica implica poner todo el sistema patas arriba y llevar a cabo una redistribución de arriba a abajo, es decir, del capital al trabajo. Sin embargo, para que esto ocurra, hay que cambiar o introducir las reglas del juego a nivel nacional e internacional y crear nuevas instituciones de gobernanza global con legitimidad en el derecho internacional. Estas nuevas instituciones no deben cimentar la debilidad estructural de los países de bajos ingresos, sino que deben fijarse el objetivo absoluto de superar esta debilidad mediante un crecimiento amplio y ecológico.
La crisis debe aprovecharse como una oportunidad para superar de una vez por todas el paradigma neoliberal en los países en desarrollo. Hay que replantearse el papel de los bancos centrales en estos países. El crecimiento generalizado es indispensable para superar el hambre, para crear más justicia, pero también para garantizar la protección de los recursos nacionales y sobre todo de la riqueza nacional.
Sólo cabe esperar que el redescubrimiento de la importancia de la demanda agregada continúe a largo plazo. Sin embargo, también hay que ser prudente en este caso: Los paquetes de estímulo económico no deben seguir siendo un asunto puramente nacional. No se puede obligar a los países pobres a pagar la factura de una fiesta que tuvo lugar en otro lugar. Si bien estos países necesitan programas de refinanciación inmediatos, éstos no deben restablecer el statu quo anterior a la crisis, sino que deben utilizarse para transformar la economía y el sistema financiero de modo que sirvan principalmente para el crecimiento en favor de los pobres y el desarrollo sostenible.
En este sentido, la sociedad civil debería seguir activamente el proceso en torno a la Comisión de la ONU presidida por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Sus recomendaciones esbozan pasos importantes para resolver la crisis actual. No es aceptable que los países industrializados más poderosos, sobre todo Estados Unidos y la UE, sigan torpedeando una solución multilateral a la crisis en el ámbito de la ONU.
Las medidas acordadas por el G20 en Londres a principios de abril pueden ser un primer paso en la dirección correcta, especialmente en lo que respecta a los instrumentos a corto plazo. Sin embargo, las decisiones sobre los cambios estructurales están muy lejos de las expectativas. Las medidas estructurales necesarias serían cambios en los regímenes cambiarios, en el papel del FMI y, especialmente, en la regulación y el control multilateral de los mercados financieros internacionales.
La Comisión Stiglitz y la UNCTAD han presentado propuestas de mucho mayor alcance en este sentido. Entre ellas se encuentran los cambios estructurales en la gestión de la deuda internacional y las medidas coordinadas a nivel internacional para frenar los excesos del capital financiero. Todo esto, en última instancia, sólo es posible mediante un alejamiento radical del consenso de Washington. Las decisiones de Londres sólo tendrán un efecto positivo si se profundiza en ellas. Esta profundización debe basarse en un compromiso claro con un nuevo orden económico que ponga a las personas, y no a los profesionales, en el centro de sus acciones.
Falk, Rainer, 2008: Wie die Finanzkrise jetzt auch im Süden ankommt … und der IWF plötzlich wieder da ist. In: Informationsbrief Weltwirtschaft und Entwicklung, Oktober, Luxemburg.
IDB, 2009: Las remesas en tiempos de inestabilidad financiera. El impacto de la crisis financiera sobre las remesas a América Latina y el Caribe, Washington.
IIF, 2009: Capital Flows to Emerging Market Economies, January 27 2009, Washington.
IMF, 2009: Group of Twenty. Note by the Staff of the International Monetary Fund, Washington.
IMF, 2009a: The implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries, Washington
KfW, 2009: Auswirkungen der Finanzkrise auf die Entwicklungsländer und Handlungsoptionen für die Entwicklungspolitik – Öffentliche Anhörung im AWZ am 11.02.2009, Stellungnahme der KfW.
UN, 2009: The Commission of Experts on Reforms of the International Monetary and Financial System, Recommendations, Draft, New York.
UNCTAD, 2009: The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies. Report by the UNCTAD Secretariat Task Force on Systemic Issues and Economic Cooperation, New York and Geneva.
World Bank, 2009: Swimming Against the Tide: How Developing Countries Are Coping with the Global Crisis, Washington.
[1] La presente contribución apareció en lengua alemana en mayo de 2009 en: DGB et al (2009): Freiwillig in die Krise – reguliert wieder heraus Die globale Finanzkrise und die Verantwortung von Unternehmen und Banken.
[2] Das Institute of International Finance (IFF), die Lobbyorganisation der weltweit größten Finanzinstitutionen schreibt: “Private sector borrowers have at least $100 billion of debt service for market-based borrowing falling due in the first half of 2009. At the current level of market access, borrowers seem able to issue not much more than half this total. Policy makers in both mature and emerging markets would be well advised to address this refinancing problem head on in the weeks and months ahead” (IIF 2009).
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