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© Pedro Morazán, 18.11.2022
Según informaciones del Banco Central de Honduras, a septiembre de 2022 se pagó un servicio de deuda externa pública por un total de 575 millones de dólares. Este monto es muy superior al pagado hace un año. Estamos hablando de más de 179 millones de dólares más, en comparación a lo erogado a septiembre del año anterior 2021. Más de dos tercios de dichos pagos (67%) corresponden a abonos de capital, lo qué en condiciones de solvencia es una buena noticia. El problema es que la crisis de liquidez es tal, que amenaza también la solvencia de las finanzas públicas.
Aquí los acreedores comerciales (bancos, fondos de pensiones, etc.) se llevan la mayor tajada con un monto de 181 millones de dólares. Este monto es mayor que el abonado a las instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que recibieron pagos por 165 millones de dólares. De lo anterior se deduce que del monto total del servicio de la deuda, el 33.0% restante, corresponde a pagos de intereses y comisiones. Aquí también los acreedores comerciales recibieron, hasta ahora, más de la mitad (93 millones) de un total de 190 millones de dólares, mientras que los organismos multilaterales recibieron 85 millones de dólares y los bilaterales 12 millones de dólares.
Estas cifras solo pueden ser elocuentes si se comparan con la capacidad de pagos del país y con la inversión del presupuesto del sector público. Según informaciones de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), más de la mitad de la deuda de la Administración Central (52%), es deuda externa. Esto que significa que el presupuesto del país es financiado a través de créditos obtenidos en divisas que hay que pagar en el futuro. Pero lo que es mucho más alarmante es que la carga de la deuda en referencia a los ingresos fiscales, se está volviendo cada vez más insostenible: A septiembre de 2022 el servicio de la deuda estaba absorbiendo casi un 70% de los ingresos fiscales, mientras que el monto total de la deuda representa más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB).
Después de su visita a Honduras en junio del presente año, el equipo del FMI, manifestaba ya su preocupación por la situación de los más vulnerables en Honduras en vista de la creciente inflación, el pobre crecimiento del PIB y el agujero negro de la ENEE, para el cuál no se avizora luz en el horizonte. El gobierno de Honduras prometió mantener el servicio de la deuda sin caer en retrasos y mejorar el manejo de las finanzas y combatir la corrupción. No tiene otra alternativa si quiere recursos frescos. La verdad es que la situación es más que preocupante, aún si se cumplieran las promesas hechas en su momento.
La verdad es que los últimos cuatro años han sido poco benevolentes con la situación de los sectores más vulnerables de Honduras. A los nefastos impactos de uno de los gobiernos más corruptos de los que da fe la historia patria, se agregaron los fuertes impactos de por los menos dos choques externos, los huracanes y el COVID. Ambos han dejado fuertemente deteriorado el reducido espacio fiscal con el que ya contaba el país antes de las crisis.
Por si esto fuera poco, obscuros nubarrones se ven ya en el horizonte inmediato provenientes de por lo menos dos nuevos choques externos, el aumento de las tasas de interés en los países ricos y la recesión de la economía mundial. Esta recesión es el producto de una serie de factores como la crisis energética, la guerra y el descalabro de las cadenas globales de valor. Aunque a primera vista, todo esto parezca muy abstracto, sus impactos ya se están dejando sentir en el presupuesto de las familias más pobres y de la clase media urbana, no solo en Honduras.
Los análisis de los expertos internacionales coinciden en que, si bien los tipos de interés han aumentado para los países ricos y pobres desde principios de 2022, los incrementos han sido especialmente graves para algunas de las naciones pobres más vulnerables, como Honduras. Los tipos de interés han aumentado en 5,7% para los países de renta baja, frente a un incremento de 2% en Estados Unidos. Como ya se vio en la crisis de 2008, son los países pobres los que pagan la cuenta de las decisiones tomadas en países ricos.
De los 27 gobiernos de países de renta baja, con información pública disponible sobre sus bonos en moneda extranjera, la coalición británica “Debt Justice” descubrió que nueve tenían rendimientos superiores al 20%: El Salvador, Etiopía, Ghana, Maldivas, Pakistán, Sri Lanka, Túnez, Ucrania y Zambia. Otros 10 tenían rendimientos entre el 10% y el 20%: Angola, Camerún, Egipto, Honduras, Kenia, Mongolia, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Ruanda y Tayikistán. Esto significa que, bajo las actuales condiciones, Honduras está pagando entre un 10% y un 20% de ganancia a inversionistas internacionales por concepto de intereses. Cada subida de los intereses de la Fed o del Banco Central Europeo hará crecer esos costos de manera exorbitante, asfixiando las posibilidades fiscales del gobierno hondureño.
Además del aumento de los costes de endeudamiento, el estudio de “Debt Justice” constata que los reembolsos de la deuda también se encarecen por la subida del dólar estadounidense, que se ha apreciado una media del 14% frente a los 27 países de renta baja. La deuda externa suele ser en moneda extranjera, especialmente el dólar. En los últimos meses, el dólar estadounidense ha alcanzado niveles históricos en dos décadas, ya que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó sus tipos de interés de forma agresiva desde marzo de 2022, en medio de una inflación persistentemente alta. La sanguinaria invasión de Rusia a Ucrania ha tenido un fuerte impacto en los precios de la energía deteriorando las perspectivas económicas en Europa.
En su último Policy Brief la UNCTAD muestra las dramáticas perspectivas económicas y sociales que amenazan a países como Honduras. Según este organismo de las Naciones Unidad las subidas de los tipos de interés de este año en Estados Unidos supondrán un recorte de unos 360.000 millones de dólares en los ingresos futuros de los países en vías de desarrollo (excluyendo a China) y son una señal de que se avecinan aún más problemas.
La UNCTAD publicó su revelador informe en la antesala de la COP27 en Egipto en la que como de costumbre se observa la mezcla de nuevas promesas financieras por parte de los países ricos acompañadas de la ya crónica irresponsabilidad de gobiernos como el de China Popular. Ya China no puede esconderse detrás de la responsabilidad histórica de los países ricos. Actualmente China es el principal emitente de bióxido de carbono y uno de los más importantes acreedores internacionales. Por ambas razones, dicho país debe asumir la misma responsabilidad estructural que sus pares de Europa y Estados Unidos, dejando de bloquear acuerdos importantes en las COPs. El caso de Sri Lanka es más que elocuente al respecto.
La UNCTAD bautizó su informe como “Abordar conjuntamente los retos de la deuda y el clima: Una agenda política”. El gobierno de Honduras, al igual que los otros mencionados en la lista de más arriba, no se puede quedar de brazos cruzados, esperando que los acreedores públicos y privados tomen la iniciativa. Es necesario presentar propuestas propias para hacer canjes de deuda por desarrollo sostenible y obtener reestructuraciones profundas tanto en el saldo como en el servicio de la deuda.
Como lo afirma la UNCTAD, la actual arquitectura de la deuda no es adecuada para cumplir los propósitos del desarrollo sostenible ya que es incapaz de facilitar tanto la movilización de la financiación adecuada, como la resolución ordenada y oportuna de las crisis de la deuda. En segundo lugar, el cambio climático es un problema universal que todos los países tienen la obligación de abordar. Un aspecto central para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo es abordar la carga de la deuda externa para liberar recursos financieros para las inversiones en la adaptación al clima. En tercer lugar, los costes de la inacción para afrontar los retos climáticos y de la deuda se agravan con el tiempo. Por ello, las acciones de los países desarrollados para hacer frente a la carga de la deuda y a los retos climáticos en los países en desarrollo deben entenderse como herramientas de inversión muy eficaces y no como dádivas o actos de caridad.
Es necesario que tanto las organizaciones de la sociedad civil como los entes gubernamentales asuman este nuevo reto. Se trata hacer un mayor trabajo de incidencia, en base a la agenda discutida tanto en el G20 como en la COP27. De lo contrario el país se verá confrontado con retos financieros aun mayores que los presentes. Como bien se sabe un espacio fiscal estrechamente reducido conducirá al aumento de protestas sociales que podrían ser aprovechadas por sectores reaccionarios a la espera de su momento político para revertir la agenda social y de fortalecimiento del Estado de Derecho.
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